Hay cifras que dejan de informar de puro grandes. Cuarenta billones de dólares es una de ellas: nadie tiene una intuición de esa magnitud, nadie puede compararla con nada de su experiencia, y por eso el titular pasa por delante de los ojos sin dejar residuo. Conviene entonces empezar por el único dato que sí se entiende, que no es la cifra sino su velocidad. La deuda federal de los Estados Unidos superó los treinta y ocho billones en octubre del año pasado. Alcanzó los treinta y nueve cinco meses después. Y el miércoles 19 de agosto, según los datos del Tesoro, cruzó los cuarenta billones, con un saldo de 40,05. Cinco meses por billón. A ese ritmo, cada vez que un niño empieza y termina un curso escolar, el país ha contraído dos billones de deuda nueva que ese niño terminará pagando.
La segunda cifra que se entiende es la del interés. El servicio de la deuda —lo que el gobierno paga sólo por tener el dinero prestado, sin amortizar un centavo— rozó el billón de dólares en 2025 y representa cerca del catorce por ciento de todo el gasto federal. Dicho de otro modo, y sin adjetivos: los Estados Unidos gastan hoy más en pagar intereses que en su defensa nacional y más que en Medicare. Esa es una frase que hace treinta años habría sido inconcebible en Washington, y hoy aparece en un párrafo de agencia sin que nadie se detenga.
El resto del cuadro se completa con lo que dicen quienes lo miran de cerca. Margaret Spellings, presidenta del Bipartisan Policy Center, lo formuló esta semana con una precisión que merece citarse entera: «La deuda federal ya está elevando el costo de vida y desplazando otros gastos e inversiones, amenazando nuestra economía y la prosperidad a largo plazo de los estadounidenses». Y añadió una advertencia que suele quedar fuera de los resúmenes: «Nuestra trayectoria fiscal actual es claramente insostenible, y ese es el mejor escenario posible. La disrupción de la IA, una recesión, una guerra global o cualquier otro tipo de acontecimiento podría empujarnos rápidamente al borde, pasando de un desafío a una crisis a gran escala». Su propia institución calcula que el país tocará el techo legal de endeudamiento, fijado en 41,1 billones, en algún momento del año que viene, lo que obligará al Congreso a votar otra vez si lo eleva o lo suspende. La Oficina de Presupuesto del Congreso, por su parte, estima que la ley fiscal aprobada el año pasado añadirá 4,2 billones a la deuda hasta el ejercicio de 2034. Desde la Casa Blanca, su portavoz Kush Desai sostiene que la administración «se ha enfocado en recortar el despilfarro, el fraude y los abusos al gasto federal, al tiempo que acelera el crecimiento económico para que la relación deuda/PIB de Estados Unidos vuelva a encaminarse en la dirección correcta».
Ahora bien, hay una premisa compartida por todos los bandos de esta discusión que conviene examinar, porque es la que permite que la conversación se repita cada año sin avanzar. Es la idea de que esto se resolverá creciendo. Crecer ayuda, desde luego, y nadie sensato lo niega. Pero el interés no espera al crecimiento: se devenga todos los días, aumenta cuando suben los tipos, y aumenta también cuando aumenta el principal, de modo que se alimenta de sí mismo. Lo característico de esta partida presupuestaria es que ningún congresista la vota. No hay un debate sobre el gasto en intereses, no hay comisión que lo apruebe, no hay campaña electoral que lo prometa ni lo recorte. Es el único capítulo del presupuesto federal que crece solo, que nadie defiende y que nadie puede eliminar, y es hoy el que más crece. Un país cuya principal partida en expansión no fue decidida por nadie ha perdido, en esa proporción exacta, el gobierno de sus propias cuentas.
Y aquí es donde la cifra abstracta aterriza en una cocina. Porque el efecto de todo esto no llega en forma de crisis espectacular sino de encarecimiento silencioso, y llega antes a quien menos margen tiene. Cuando el Tesoro compite por el ahorro disponible, el precio del dinero sube para todos los demás; y quien nota primero esa subida no es el fondo de inversión sino la familia que pide su primera hipoteca, el matrimonio joven que financia una camioneta para trabajar, el pequeño empresario que necesita crédito para la nómina de diciembre. El mismo mecanismo explica los salarios que no suben: las empresas que dedican más recursos a pagar deuda más cara disponen de menos para invertir, y lo que no se invierte no se convierte en productividad ni, por tanto, en sueldo. Nada de esto aparece en la factura con su nombre. Aparece como una tasa de interés un punto más alta, como un alquiler que sube otra vez, como un aumento que no llegó.
Para el lector hispano de este país el asunto tiene además una capa propia que rara vez se menciona. Una comunidad cuya movilidad social se ha construido, generación tras generación, sobre la compra de la primera vivienda, sobre el pequeño negocio familiar financiado con crédito y sobre el dinero que se envía a los padres que quedaron en el país de origen, es una comunidad singularmente expuesta al precio del dinero. Cuando el crédito se encarece, el peldaño más bajo de la escalera es el que se rompe primero, y no lo rompe una decisión hostil de nadie: lo rompe una aritmética que se ejecuta sola en el mercado de bonos mientras la discusión pública se ocupa de otras cosas.
Queda la parte más incómoda, que es la moral, y merece decirse sin retórica. Endeudarse no es un mal en sí mismo; una familia que hipoteca su casa para que sus hijos estudien hace algo razonable y hasta admirable. Lo que distingue esa deuda de la que aquí se examina es quién la firma y quién la paga. En el caso federal, la firman quienes votan hoy y la pagan quienes todavía no votan: los que hoy tienen doce años, y los que aún no han nacido, a los que se les está comprometiendo una parte de su salario futuro sin haberles preguntado y sin que exista ningún procedimiento para preguntarles. Es la única forma de tributación que no admite representación, y se practica de manera rutinaria, con la conciencia tranquila, por gobiernos de ambos partidos y desde hace décadas. No hace falta ningún juicio severo sobre las intenciones de nadie para constatar que una generación está financiando su nivel de vida con cargo a otra que no puede objetar.
Lo que corresponde vigilar tiene fecha. El año próximo, cuando el saldo se acerque a los 41,1 billones, el Congreso deberá votar de nuevo si eleva el techo o lo suspende, y esa votación —que suele presentarse como un trámite técnico o como un pulso partidista— es en realidad el único momento del calendario en que el sistema se ve obligado a mirar la cuenta de frente. Conviene mirar entonces qué se propone, quién lo propone y con qué números, y desconfiar por igual de quien prometa resolverlo sin tocar nada y de quien anuncie el apocalipsis para el martes siguiente. La deuda de un país no es una maldición ni una fatalidad: es la suma exacta de decisiones que unas personas concretas tomaron y que otras personas concretas pueden revisar. Sigue habiendo tiempo para revisarlas, y ese es, hoy por hoy, el dato más esperanzador que ofrece la aritmética.
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